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Denuncian que corrupción e inoperancia de autoridades han permitido avance de violencia generada por presencia de mineros ilegales en Chacña

La corrupción de funcionarios públicos y la casi total ausencia del Estado han permitido que la violencia generada por la presencia de mineros ilegales se instale, amenazando la vida de los comuneros de Chacña y su medio ambiente.

Así lo han denunciado ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, durante la sesión de esta mañana.

Ante el grupo de trabajo que preside el legislador Marco Arana, los comuneros afirmaron que la presencia y accionar de los mineros ilegales se ha visto favorecido por la inoperancia de las autoridades de la Dirección Regional de Energía y Minas de Apurímac  y algunos malos elementos de la Policía Nacional.

En el caso de los funcionarios de la DREM señalan que a pesar de haber emitido dos resoluciones sancionatorias contra la minería ilegal dentro de las tierras de Chacña, además de disponer la paralización inmediata de las mismas, estas no se hacen efectivas nunca, es decir, se ha demostrado la ilegalidad e identificado a los responsables, pero no se ha realizado las acciones de interdicción.

En lo que se refiere a los efectivos policiales, manifiestan que algunos miembros de las fuerzas del orden se encuentran involucrados en una mafia dedicada al tráfico de dinamita, que abastece a los mineros ilegales.

Los cuestionamientos fueron dirigidos también hacia los representantes del Ministerio Público en Aymaraes – Apurímac, instancia que afirmaron se ha negado a intervenir aduciendo que debe ser la DREM la que resuelva este tema.

Denunciaron también que la resistencia de la comunidad frente a las ilícitas actividades que se desarrollan dentro de sus tierras, ha provocado  una serie de reacciones violentas que tendrían como responsables a los mineros ilegales.

Uno de esos hechos fue el atentado con dinamita que sufrió el local de la municipalidad distrital de San Juan de Chacña. También se refirieron al asesinato de una comunera junto a sus dos menores hijas, quienes fueron cruelmente atacadas en junio último.

Por ello, reiteraron la necesidad de contar cuanto antes con un puesto policial en la zona ya que el apoyo que se recibe de parte de la Comisaría de Tintal es insuficiente, además que dicha dependencia no cuenta con la logística necesaria para continuar apoyándolos.

Exigieron también, que se cite a los representantes del Ministerio Público y de la DREM Apurímac, a fin de que expliquen las razones por las que no se ha concretado la paralización de las actividades de los mineros ilegales y que se proceda a denunciar a los responsables de dichos ilícitos.

 

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